Poder General – Inscripción registral – Registro de Mandatos de Mendoza

Torres Johana Leonor por si y  P.S.H.M. EN J° 185272/50649 Torres  Johana Leonor C/ Paez Martin Eduardo p/ DYP P/ REC.EXT.DE INCONSTIT-CASACION  12/06/2015  SUPREMA CORTE - SALA  1 

La falta de inscripción en el registro de mandatos de la provincia y de legalización de un poder general para juicios instrumentado en escritura pública, en el término del emplazamiento efectuado por el Tribunal para cumplir tales recaudos, no es causal de nulidad de la actuación cumplida por quien invocó dicho poder, aún cuando hubiese consentido el emplazamiento.

PREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

Texto completo
En Mendoza, a doce días del mes de junio del año dos mil quince, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-02123634-3 (012174-11344701), caratulada: “TORRES JOHANA LEONOR POR SI Y P.S.H.M. EN J° 185.272/50.649 TORRES JOHANA LEONOR C/ PAEZ MARTIN EDUARDO P/ D. Y P. P/ REC. EXT. DE INCONSTIT-CASACIÓN”-

De conformidad con lo decretado a fojas 63 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JORGE HORACIO NANCLARES; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE.

ANTECEDENTES:

A fs. 8/24 el recurrente, en representación de la actora, interpuso recursos extarordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la resolución de fs. 142/143 vta. de los autos N° 50.649/185.272, caratulados: “Torres Johana Leonor c/ Páez Martín Eduardo p/ D. y P." dictada por la Primera Cámara de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial.

A fs. 33 se admiten formalmente ambos recursos, ordenándose correr traslado a la contraria, quien contesta a fs. 37/40 y solicita el rechazo del recurso por las consideraciones que expone.

A fs. 50/52 obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja la admisión de los recursos deducidos.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs. 63 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. JORGE HORACIO NANCLARES, DIJO:

En las presentes actuaciones, el Dr. Gonzalo Correa Llano, el 5/09/2012 interpuso demanda de daños contra los demandados, efectuó la presentación en nombre y representación de la Sra. Johana Leonor Torres quien actúa por sí y en representación de su hijo menor de edad, para reclamar los daños derivados de la muerte de su concubino y padre de su hijo. Acompañó en ese mismo acto un poder general para juicios otorgado a su favor por la Sra. Torres, por sí y por su hijo, de fecha 29/9/2011 en la Provincia de San Juan. Demandó al conductor del rodado involucrado en el accidente y citó en garantía a la aseguradora del mismo.

La demanda fue proveída, se ordenó correr traslado, contestó la aseguradora y al comparecer el demandado denunció que el poder acompañado no se encontraba legalizado ni inscripto en el registro público y requirió el emplazamiento al actor y la suspensión de los procedimiento hasta tanto se cumpliera con tal recaudo.

El Tribunal por decreto de fs. 56 suspendió los procedimientos y emplazó al actor a que el diez días presentara el poder debidamente legalizado e inscripto en la Provincia de Mendoza, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 29 inc. I del C.P.C.. El emplazamiento se notificó al accionante el 12/06/2013.

El 1/07/2013, el demandado solicita que al no haber cumplido la actora con el emplazamiento de fs. 56, debía aplicarse el apercibimiento dispuesto en el art. 29 inc. I del C.P.C.. El Tribunal por resolución obrante a fs. 83, rechazó el planteo y suspendió el procedimiento hasta tanto la actora cumpliera con la legalización e inscripción del poder acompañado.

Contra dicho decreto la demandada interpuso incidente de nulidad que fue rechazado en la instancia de origen. Esa resolución fue apelada por la demandada y el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a la incidencia y declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del escrito de demanda, de conformidad con los siguientes fundamentos:

-Al haber consentido la actora el emplazamiento que se le efectuó para que, en el término de diez días, acompañara el poder otorgado en San Juan debidamente legalizado e inscripto, su incumplimiento sostenido por un término mayor a dos meses debió sancionarse con la aplicación del apercibimiento prescripto. Tal es el efecto que el principio de preclusión debió acarrear.

-En autos no sólo no se hizo efectivo dicho apercibimiento sino que se reeditó la suspensión ordenada y la posibilidad de cumplir los recaudos ausentes.

-La situación operada en autos guarda cierta analogía con el mandatario sin poder que contempla el art. 29 inc. II del C.P.C., en el que, conforme la jurisprudencia de este Tribunal, el límite temporal de procedencia de la ratificación es la oposición de la contraria solicitando la nulidad de lo actuado, o la intervención oficiosa del juzgador ordenando el desglose de la actuación.

-La decisión atacada viola el principio de preclusión. El interés del nulidicente aparece evidente por el resultado al que se arriba con la aplicación del apercibimiento que no es otro que la finalización del proceso.

-La decisión no implica un exceso de rigor ritual desde que se privilegia la seguridad jurídica, a lo que tienden los principios que presiden el proceso, incluido entre ellos el rito procesal.

        Contra la sentencia el recurrente interpuso recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación.

            Funda el recurso de Inconstitucionalidad en los supuestos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del art. 150 del C.P.C..

                        Afirma que el Tribunal de Alzada parte en su razonamiento de un presupuesto inexistente: la preclusión, que el decreto de fs. 56 dispuso una suspensión bajo apercibimiento, a posteriori ,el Juez de la causa podría o no tener por cumplido el emplazamiento. La Cámara entiende que al hacer lugar al pedido de suspensión, la etapa quedó precluida y el Juez estaba obligado a aplicar el apercibimiento, sin poder merituar las circunstancias del caso que le imponían considerar el error de subsunción normativa en lo decretado y lo facultaban a no sancionar la no presentación en el plazo acordado.

                            Sostiene que la afirmación del fallo de equiparar la situación de autos al supuesto de mandato sin poder contemplada en el art. 29 ap. II del C.P.C., resulta arbitraria desde que el poder se encuentra acompañado en la causa desde el inicio de la misma y aún antes de dictarse la sentencia de primera instancia, contra la que se interpuso el incidente de nulidad, el mismo se encontraba agregado, legalizado e inscripto.

                                        Dice que aún de admitirse la lógica de la Cámara de aplicarse el art. 29 ap. II del C.P.C. debió ordenarse el desglose de las actuaciones y no declararse la nulidad. Agrega que los agravios vertidos respecto del principio de trascendencia no fueron analizados por la Cámara.

Como fundamento del recurso de Casación invoca los supuestos contemplados en los incisos 1) y 2) del art. 159 del C.P.C.. Sostiene que se ha aplicado erróneamente el segundo apartado del inciso I del art. 29 del C.P.C. y el art. 46 del C.P.C. y no se ha tenido en cuenta el art. 7 de la C.N, los arts. 1004, 1005 y 1869 del C.C y los arts. 333 y 334 de la Ley 1522 y el principio consagrado en el art. 176 inc. 3 del C.P.C..

SOLUCION DEL CASO:

                                        Por una cuestión metodológica abordaré el tratamiento conjunto de ambos recursos y desde esta posición, corresponde establecer si existe arbitrariedad o error normativo en la sentencia en recurso que admitió la incidencia de nulidad articulada por los demandados y declaró nulo todo lo actuado a partir de la interposición de la demanda dadas las siguientes circunstancias:

a) El letrado que representó a los actores en el escrito de interposición de demanda invocó representación y acompañó un poder general para juicio otorgado por aquellos en la provincia de San Juan.

                                        b) El Tribunal de origen dio trámite a la presentación y tuvo al profesional por presentado y parte en el carácter invocado y ordenó correr traslado de demanda.

                                        c) El demandado al comparecer denunció que el poder acompañado por los letrados de la parte actora, no estaba legalizado ni inscripto en la Provincia de Mendoza.

                                        d) El juez de la causa por decreto de fecha 30/4/2013 suspendió los procedimientos y emplazó a la actora a que en 10 días presentara copia del poder debidamente legalizado e inscripto en la Provincia de Mendoza.

                                        e) El 1/07/2013, el demandado solicita se haga efectivo el emplazamiento del art. 29 inc. I última parte.

                                        f) El Juez de origen rechazó el pedido formulado por la demandada por resolución obrante a fs. 83/84 de autos en la que el Tribunal reconoce que no obstante el apercibimiento que dispuso en el decreto de fs. 56, su aplicación implicaría un exceso de rigor ritual, reconoció que la omisión de legalizar e inscribir el poder constituían trámites administrativos que podían ser fácilmente suplidos y dispuso la suspensión de los procedimientos hasta tanto la actora cumpliera con la legalización e inscripción requeridas.

                                        g) La resolución fue incidentada de nulidad por la demandada. El incidente fue rechazado en primera instancia, con fundamento en el principio de trascendencia de las nulidades y en la injusticia a la que llevaría la declaración de nulidad, al privar a la actora del acceso de la jurisdicción por cuestiones formales que ya habían sido subsanadas al momento de dictarse la resolución.

                                        h) El Tribunal de Apelaciones declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la interposición de la demanda, con sustento en el principio de preclusión y de inexistencia de excesivo rigor ritual.

                                        i) El apoderamiento se produjo antes de la interposición de la demanda y no se encuentra en discusión la validez de la escritura en la que se instrumentó el poder, ni la representación otorgada, ni que la falta de legalización y de inscripción fue suplida antes que se interpusiera y recayera resolución en origen sobre el incidente de nulidad.

                                        El recurrente tacha de arbitraria a la sentencia y denuncia el error normativo en el que incurre, fundamentalmente por aplicar una norma que resultaba inaplicable al caso (art. 29 C.P.C.). Entiendo que asiste razón a la recurrente por diversos motivos.

                                        Me permito adelantar que propiciaré la procedencia sustancial de los recursos intentados desde que advierto, en la resolución impugnada, un abroquelamiento injustificado del Tribunal de Alzada en el decreto de emplazamiento de fs. 56 para justificar la declaración de nulidad que, a mi criterio, peca de un rigorismo excesivo y se desentiende tanto de las constancias existentes en la causa al momento de su dictado como de las consecuencias de la solución a la que arribó, sin analizar el fundamento y el alcance de los recaudos que afirma incumplidos.

                                        Tiene este dicho este Tribunal que la finalidad que persigue la doctrina del exceso ritual, no es otra que exigir al juzgador la búsqueda de la verdad jurídica objetiva que puede estar más o menos disimulada en el cúmulo de hechos y circunstancias del proceso, parcializada a veces, u oscuramente expuesta en otras, y que puede ser desentrañada a través de una actividad jurisdiccional activa que excede el marco normal del estadio procesal, en aparente violación de los límites que el ordenamiento ritual impone” (LS 191-110).“La arbitrariedad por exceso de rigor ritual tiene raíz constitucional desde que tiende a garantizar la defensa en juicio. Su aplicación debe ser excepcional, a situaciones en que el rigor formal sea manifiesto, patente, notorio, convirtiendo a las formas procesales en una mera beatería, abusando de ellas” (LS 220-229). 

                                        Por su parte, la Corte Federal ha sostenido que si bien debe ser reconocida la trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la organización y desarrollo del proceso, no por ello cabe legitimar que dichas formas procesales sean utilizadas con prescindencia de la finalidad que las inspira y con el olvido de la verdad jurídica (Fallos 330:4226). En el mismo sentido ha expuesto que  si bien el contenido de las normas procesales posee una reconocida importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional al debido proceso (Fallos 320:463; 325:1541; 327:608; 328:4073; 329:4672, entre otros).-

                                        Entiendo que estos principios resultan de aplicación al caso de autos en el que el Tribunal de Apelaciones se sustenta en el principio de preclusión existente respecto del decreto de fs. 56 (que emplazó a la actora a que en el término de diez días acompañara constancias de la legalización e inscripción del poder), sin considerar que esos recaudos no afectan la validez del título en el que se otorgó el poder, ni de una de deficiencia en la representación invocada, la que no ha sido cuestionada en autos, sino de una supuesta falta administrativa en el poder acompañado, que de ningún modo puede afectar la validez del poder otorgado.

                                        Tal conclusión se impone si se analiza el fundamento o la finalidad de la normativa que impuso la necesidad de la inscripción de los poderes para juicio. Cabe destacar en este aspecto que el Registro de Comercio y Mandatos fue creado por la Ley Orgánica de Tribunales N° 0552 (18/11/1910) y su modficatoria la Ley n° 1197, que en sus artículos 333 y 334 establecían la registración facultativa de los poderes como un medio de prueba de la existencia del mandato.

                                        Posteriormente, la Ley 622 (1914) “De Papel Sellado” modificada por la Ley 1020 del año 1933, dispuso la inscripción obligatoria en el registro de Mandatos y Archivo General de la Provincia, de los poderes especiales y generales sus modificaciones, renovaciones y revocaciones. En consonancia con esta normativa, la Sala Administrativa de este Tribunal dictó la Acordada n° 1518 del 30/9/1936, cuyo artículo 1° dispuso la obligación de inscripción a los escribanos al establecer que: “Siempre que se expida testimonio de constitución, revocación, renuncia, sustitución o modificación de mandatos, que deban ser cumplidos dentro de la provincia, el escribano ante quien se otorguen, deberá remitirlo para su inscripción en el Archivo General, asentando una vez registrado, la respectiva anotación marginal”.

                                        En los considerandos de esta resolución se hace expresa referencia a los antecedentes legislativos reseñados anteriormente, señalándose que la Ley 1020 sustituyó el art. 5 de la Ley 622, dispuso para el futuro la inscripción obligatoria, y agregó que la justicia y la administración pública no debieran dar curso a los escritos de los apoderados que no tuvieran su mandato inscripto. También hace referencia a que los escribanos en su carácter de funcionarios públicos pueden y deben coadyuvar al mejor cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la Ley 1020.

                                        Conforme con estos antecedentes se ha sostenido que la finalidad de la Acordada 1518 dictada por la Sala Administrativa de este Tribunal, en ejercicio de sus facultades de Superintendencia, y la de las Leyes n° 622 y 1020, fue que los notarios coadyuvaran con el cobro de los derechos fiscales. No obstante ello, la situación fáctica, jurídica y fiscal que dio origen a la necesidad de inscribir los poderes ha desparecido ya que los poderes no se encuentran comprendidos como instrumentos imponibles por la Ley Fiscal; el sellado fiscal que devenga cada hoja de papel oficial de protocolo se paga con la compra de los mismos y es el Colegio de Escribanos el que actúa como órgano de recaudación; con lo que la exigencia de registración ha perdido fundamentos (Carrascosa de Granata, Anahí, “Derecho Registral y Registros Notariales. Objetos de Publicidad Registral”, 1° de Mendoza; el autor, 2006 pág. 81 y ss,).

            Por otra parte, tal como lo sostiene la autora citada, lo que interesa al derecho es que el apoderado pueda acreditar su facultad de representación frente al sujeto con quien traba la relación jurídica, sin que exista en las normas de fondo ninguna exigencia referida a la obligatoriedad de la inscripción para su validez.

                    Conforme con lo hasta acá expuesto, la normativa vigente no exige la registración como recaudo validante del poder confeccionado en escritura pública, por tanto, la solución a la que arriba el fallo, al declarar la nulidad de lo actuado porque quien invocó la representación no cumplió en el término del emplazamieto para proceder a la legalización y registración del poder, en razón de la firmeza de tal decreto y la consecuente aplicación del principio de preclusión, peca de un excesivo rigorismo. Cabe recordar el principio establecido por el art. 7 de la C.N.: “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás”.-

                    La misma conclusión se impone respecto de la falta de legalización del poder desde que más allá que la Ley 4278/78 lo exija, no lo hace bajo pena de invalidar el acto, respecto del que la norma de fondo impone, como exigencia, la obligación de instrumentarse en escritura pública (art. 1184 inc, 7 Código Civil), forma que ha sido cumplida en el caso.

    Por otro lado, no advierto cuál es el perjuicio real y concreto que causó la decisión del juez de origen, que no hizo efectivo el apercibimiento y en su lugar suspendió los procedimientos hasta tanto el poder fuera inscripto y legalizado y que el demandado atacó de nulidad. El sólo hecho de haber quedado firme el emplazamiento de fs. 56, bajo ningún aspecto puede ser fundamento para negar el acceso a la jurisdicción a los actores, máxime encontrándose involucrado un menor, cuando ese emplazamiento fue nada más que eso y nunca llegó a resolver ni disponer el desglose, ni mucho menos la nulidad de la presentación.

                Cabe señalar en este aspecto que la expectativa que pudo tener el nulidicente en el sentido que el Juez resolviera hacer efectivo el apercibimiento y, con ello, culminara el proceso, no puede ni debe merecer una protección tal que vulnere los derechos constitucionales de su adversario, como sucedería en caso de confirmarse la decisión que declara la nulidad de lo actuado. Una ponderación adecuada de los derechos en juego, conlleva necesariamente a declarar la arbitrariedad de la sentencia en este aspecto, ya que bajo el escudo del principio de preclusión deja de lado derechos de raigambre constitucional como lo son: el acceso a la jurisdicción, al debido proceso y la protección de los derechos del menor.

        Para finalizar, entiendo que la sentencia no ha tenido en cuenta la realidad fáctica existente al momento de emitir el fallo, toda vez que, luego del emplazamiento y antes de interponerse el incidente de nulidad y de resolverse el pedido de la demandada de fs. 63 para que se aplicara el apercibimiento del art. 56, el poder cuestionado fue debidamente legalizado e inscripto en el registro de mandatos (fs. 68/71).

                    Cabe resaltar que es criterio reiterado de esta Sala que la sentencia debe tener en cuenta los hechos sobrevinientes a la traba de la litis (L.S. 284-236; 288-411; 296-41; L.S. 303-303; L.S. 397-20 y 404-216; entre otros), doctrina que sigue, por analogía, el mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirma que “las sentencias de la Corte han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque fueran sobrevinientes al recurso extraordinario” (CSN 7/7/1992, ED 148-633; 27/12/1996, “Chocobar, S. c/Caja Nacional de Previsión” JA 1997-II-550, etc.). Si bien en principio el Juez debe atenerse a la situación fáctica existente al tiempo de deducirse la pretensión, sin embargo, no debe desatender los nuevos hechos que sobrevienen durante el transcurso del proceso y que alteran la situación inicial, ya que el principio de economía procesal aconseja no vedar al judicante la posibilidad de considerar tales hechos en oportunidad de dictar sentencia, porque de lo contrario se impondría la necesidad de reeditar el litigio con el consiguiente dispendio de actividad que ello importa (CNCiv., sala A, 28/3/94, “Cuzzani, Adriana M., c/Muratorio, Esther”, citado en Principios Procesales, Peyrano, Jorge W. (Dir.), Barberio, Sergio J. y García Solá, Marcela M. (Coord.), Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, T. III, p. 272).

                        La aplicación de estos principios conlleva necesariamente al rechazo de la pretensión nulitiva, toda vez que la misma pretendía, en definitiva, invalidar la representación invocada por el profesional de la actora ante la falta de registración y de legalización del poder acompañado, cuando ambos recaudos fueron cumplimentados aún antes de la interposición de la nulidad, encontrándose cumplidos, por ende, al momento de resolverse el recurso de apelación.

                                    Los fundamentos expuestos, me convencen de la existencia de arbitrariedad y error normativo de la sentencia, que resolvió la cuestión con un rigorismo excesivo y sin considerar que la falta de registración o de legalización del poder no constituye un requisito de la validez del mismo, por lo que si mi voto resulta compartido por mis Colegas de Sala deberán admitirse los recursos intentados y revocarse la sentencia en recurso.

                                        Así voto.

                                        Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

                                        A LA SEGUNDA CUESTION EL DR.JORGE HORACIO NANCLARES, DIJO:

                                        Conforme al resultado al que se arriba en el tratamiento de la cuestión que antecede, corresponde admitir los recursos de Inconstitucionalidad y Casación. En consecuencia, deberá rechazarse el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 114 contra la resolución obrante a fs 105/110, la que se confirma en todas sus partes.

                                        Atento a lo resuelto, considero necesario remitir copia de la sentencia a la Sala Administrativa de este Tribunal para que analice la conveniencia de mantener y/o modificar en su caso, la Acordada n° 1518 del 30 de setiembre de 1936.

                                        Así voto.

                                        Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

                                        A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE HORACIO NANCLARES, DIJO:

                                        Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, las costas deberán imponerse a la recurrida vencida (arts. 35 y 36 C.P.C.).

                                        Así voto.-

                                        Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 12 de junio de 2015.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

                                        I- Hacer lugar a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 8/24 de autos. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia obrante a fs. 142/144 de los autos principales, la que se sustituye por la siguiente:

                                        “I- Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 114 contra la resolución obrante a fs. 105/110, la que se confirma en todas sus partes.”

                                        “II- Imponer las costas a la recurrente vencida”.

                                        “III Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad”.

                                        II- Imponer las costas de esta instancia a la recurrida vencida (arts. 35 y 36 C.P.C.).

                                        III- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV- Disponer que por Mesa de Entradas del Tribunal se remita copia de la presente sentencia a la Sala Administrativa de este Tribunal a fin para que analice la conveniencia de mantener y/o modificar, en su caso, la Acordada n° 1518 del 30 de setiembre de 1936.

Notifíquese.

DR. JORGE HORACIO NANCLARES
Ministro

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE
Ministro

CONSTANCIA: Que la presente resolución es suscripta por dos miembros del Tribunal, en razón de encontrarse vacante una de las Vocalías de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia por el pase del Dr. Omar PALERMO a la Sala Segunda del Tribunal (Acordada n° 26,210) (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 12 de junio de 2,015,-