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Citar Lexis Nº 04_311v1t185
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07/08/2004 

FALLO IN EXTENSO 
(Corte Sup., 28/06/1988 - Ingeniero Augusto Spinazzola Soc. Com. por Acciones v. 
Banco Hipotecario Nacional s/ obra pública. /R.O.). 
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 28 de junio de 1988.
Vistos los autos: "Ingeniero Augusto Spinazzola Soc. en Com. por Acciones 
c/Banco Hipotecario Nacional s/obra pública" Ver Texto .
Considerando:
1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal revocó la sentencia de la instancia anterior, y declaró 
rescindido el contrato de obra pública por culpa de ambas partes, limitando la 
reposición de los elementos retenidos por el comitente al valor de aquéllos 
identificados en el acta notarial labrada cuando el demandado tomó posesión de 
la obra. Asimismo, el a quo dispuso que las costas fueran soportadas por su 
orden.
2º) Que contra ese pronunciamiento la parte actora interpuso el recurso 
ordinario de apelación que, conforme a lo resuelto a fs. 1073 por este Tribunal, 
es formalmente procedente.
3º) Que la apelante formula tres agravios: el primero, dirigido a cuestionar la 
atribución de culpa por partes iguales al comitente y a la contratista en la 
rescisión del contrato, ya que entiende que fueron los incumplimientos de aquél 
los que determinaron los de su parte; el segundo, atinente a la reposición de 
elementos retenidos, pues sostiene que el acta notarial que se tuvo en cuenta a 
esos efectos fue agregada por el demandado en forma intempestiva al momento de 
expresar agravios y constituye una manifestación unilateral de la voluntad de 
aquél; y el tercero, en punto a la forma en que el a quo resolvió la imposición 
de costas.
4º) Que, en cuanto al primero de los temas en debate, la recurrente alega que en 
la medida en que el comitente no estableció el punto fijo de niveles ni las 
cotas de nivel de conjunto, fue imposible llevar a cabo la obra, y que, por lo 
tanto, sus incumplimientos vinculados con los trabajos preliminares carecen de 
relevancia a los fines de la frustración del contrato. Aduce que para llegar al 
juicio sobre la existencia de culpa concurrente, el a quo no evaluó 
correctamente el informe del perito ingeniero en el que funda su conclusión.
5º) Que cabe analizar los resultados a que arribó el peritaje -sobre los cuales 
la Cámara basó su decisión- y asimismo, si aquéllos fueron correctamente 
valorados por el tribunal a quo, para examinar si la actora dejó de observar sus 
obligaciones en grado tal que haya determinado la rescisión del contrato.
6º) Que del mencionado informe pericial se infiere que ya el 23 de marzo de 
1971, es decir, sólo quince días después de la entrega del terreno, la 
contratista había incurrido en conductas que autorizaban al Banco Hipotecario a 
rescindir el contrato por culpa de aquélla; también surge que no ejecutó sus 
obligaciones en la forma prevista durante los tres primeros meses; que la demora 
en el replanteo de la obra sólo a ella fue imputable; que alteró el plan de 
trabajos preocupándose anticipadamente por resolver problemas inherentes a 
tareas complementarias que sólo debían iniciarse cuando la obra avanzara; y que 
cuando después de casi ocho meses se produjo la ruptura del vínculo, ni siquiera 
había llevado a cabo la totalidad de los trabajos preliminares. Todo ello, sin 
duda, constituye un incorrecto desempeño de las responsabilidades contractuales 
asumidas, que redundó en la demora y, finalmente, en la paralización total de la 
obra, determinante de la rescisión. Es cierto que el comitente incurrió en 
actitudes similares, pero éstas no tuvieron entidad suficiente como para 
justificar aquéllas, y por otra parte, pocas de las inobservancias de la actora 
apuntadas se relacionaron con la determinación del punto fijo de niveles, ya que 
eran tareas previas que podían ejecutarse independientemente de esa 
circunstancia. Por lo demás, una vez precisado el referido punto fijo, la obra 
no retomó el ritmo establecido en el plan de trabajos oportunamente aceptado por 
la contratista, y muestra elocuente de ello es que en el mes de agosto de 1971, 
cuando debía haberse realizado un 24,78 % de la obra, sólo se había llevado a 
cabo el 1,36 %. A la luz de lo expuesto, debe concluir en que los 
incumplimientos de la contratista no pueden tener justificación en los que 
incurrió el comitente, y ello torna acertada la conclusión de la Cámara acerca 
de la existencia de culpa concurrente.
7º) Que en lo referente a la reposición del valor de los materiales retenidos 
por el Banco Hipotecario al tomar posesión de la obra, debe señalarse que éste 
citó debidamente a la contratista a dicho acto, confeccionándose la 
correspondiente acta notarial, que no fue firmada por el jefe de la obra de la 
actora por negarse a hacerlo, invocando órdenes de sus superiores. El testimonio 
de esa escritura fue agregado con el expediente administrativo 60.596, ofrecido 
como prueba por el comitente, además de haber sido citado por el perito 
ingeniero al producir su informe en el cuaderno de prueba del demandado (fs. 488 
vta.), y por el perito contador (fs. 360 vta.), quien dejó constancia de que el 
detalle descriptivo efectuado en aquel acto por la escribana no se ajustaba a 
los conceptos que se reflejan en el estado contable.
8º) Que, al ser ello así, la prueba mencionada por el demandado al expresar 
agravios fue incorporada regularmente al proceso durante su trámite en primera 
instancia, sin haber merecido reparo alguno por parte de la actora, no obstante 
que del informe contable ya surgía como tema de debate qué conceptos deberían 
tenerse en cuenta para fijar los valores de los elementos a reponer. Si el Banco 
no planteó el tema al contestar la demanda, pero éste fue objeto de prueba, y la 
actora tuvo oportunidad al contestar agravios de formular sus objeciones y 
ofrecer las probanzas que entendió conducentes para desvirtuar la autenticidad 
del acta notarial, ello es motivo suficiente para descartar de plano toda 
posibilidad de violación de la garantía de defensa en juicio (causa W.20.XX. 
"Witcel SACIFIA c/Banco Central de la República Argentina s/ordinario", fallada 
el 25 de agosto de 1987, entre otros).
9º) Que, descartada la existencia de lesión a la garantía constitucional 
invocada, debe desestimarse el agravio, pues en lo relativo a la validez y 
eficacia probatoria que la Cámara adjudicó al referido instrumento público, la 
actora no formula una crítica concreta y razonada que resulte idónea para 
descalificar lo resuelto (causa R.381.XXI. "Riera, Marina c/O. S. N. s/daños y 
perjuicios" Ver Texto , fallada el 29 de diciembre de 1987).
10) Que, finalmente, en razón de que existieron vencimientos parciales y 
recíprocos entre las partes, no se advierte motivo alguno que justifique 
modificar lo dispuesto acerca de las costas.
Por ello, se confirma la sentencia apelada. Costas de la instancia a la actora 
vencida.
JOSÉ SEVERO CABALLERO - AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT - JORGE ANTONIO 
BACQUÉ.