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Citar Lexis Nº 30012480
Textos Completos 
04/11/2004 
BIEN DE FAMILIA 
Constitución e inscripción - Error registral - Leventamiento de embargo 
(Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 28/09/2001 - Liquidación BID. v. Negri, 
Evaldo). 
Mendoza, septiembre 28 de 2001.
1ª.- ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
2ª.- En su caso, ¿qué solución corresponde?
3ª.- Costas.
1ª cuestión.- La Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo:
I. Plataforma fáctica
Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, 
los siguientes:
1. Aciso Bco. Coop. Ltdo. inició juicio contra el Sr. Osvaldo P. Negri por la 
suma de $ 4622,20, cantidad resultante del saldo de cuenta corriente bancaria 
cerrada el 21/12/1993 (el contrato data del 3/2/1992). Solicitó se trabara 
embargo sobre un inmueble de propiedad del demandado.
A fs. 26, el Registro Inmobiliario trabó el embargo sobre el inmueble inscripto 
a folio 325 del tomo 38-I de Tunuyán, e informó que el inmueble con una 
superficie de 165,71 m2, se encuentra inscripto a nombre del demandado, y se 
halla sometido a bien de familia desde el 28/7/1989.
2. A fs. 41, compareció nuevo representante del acreedor, denunciando la 
absorción del banco actor con otra entidad financiera, que a su vez fue 
declarada en liquidación por el Banco Central, modificándose entonces la 
carátula.
A fs. 58, el nuevo actor solicitó la sustitución del embargo trabado en autos 
por otro sobre otro inmueble de propiedad del demandado inscripto en el Registro 
Inmobiliario al t. 36, folio 826, del departamento de Tunuyán. Fundó la 
sustitución en que el anterior se había trabado sobre un inmueble que estaba 
inscripto como bien de familia. A fs. 59 vta., el registro informó que había 
trabado embargo sobre el inmueble denunciado y cancelado el anterior.
3. A fs. 60, comenzó el trámite de ejecución de sentencia. A fs. 68, la 
Dirección Provincial de Catastro informó que el padrón citado (1058/15) no 
registra datos catastrales. No obstante, ubicó un inmueble propiedad del 
demandado, inscripto en el Registro de la Propiedad a fs. 925 del t. 36 de 
Tunuyán, con frente a calle Pueyrredón 157 del citado departamento.
4. A fs. 86/87, el Registro Inmobiliario informó que el inmueble sólo reconoce 
el embargo trabado en estos autos.
5. A fs. 95, se dispuso la subasta del inmueble; no se alcanzaron a publicar los 
edictos (fs. 96/99).
6. A fs. 100/107, compareció nuevamente el demandado y promovió incidente de 
desembargo. Acompañó:
- Una constancia expedida por la Dirección del Registro Público, por la que se 
informa al tribunal que el informe agregado a fs. 26 debía ser modificado, 
haciéndose constar que por un error involuntario de la Sección Bien de Familia, 
el 28/7/1989 se omitió inscribir al margen del dominio la constitución de bien 
de familia respecto del inmueble inscripto en el asiento de fs. 826 del t. 36 de 
Tunuyán, lo que ha sido subsanado en la fecha (13/5/1999).
- Copia de la escritura 89 del 5/7/1989 autorizada por el escribano Juan F. 
Reginato mediante la cual el propietario afecta como bien de familia un inmueble 
de su propiedad, que registralmente consta de dos fracciones (una al t. 36, fs. 
826 de Tunuyán; la otra, al t. 38-I, fs. 325 del mismo departamento). Dijo que 
esas fracciones, por estar unidas, forman un solo bloque, por lo que solicitó se 
tomara debida nota de la unificación de las mencionadas fracciones en el 
registro respectivo. La escritura tiene sello del registro que deja constancia 
que "la presente escritura ha sido anotada al n. 9229, fs. 252/3, al t. 48 del 
bien de familia, el 28/7/1989".
7. El acreedor se opuso al levantamiento de la medida.
8. A fs. 113/114, el juez de primera instancia rechazó el pedido de 
levantamiento. Apeló el demandado. A fs. 147/149, la Cámara de Apelaciones 
confirmó el decisorio con estos fundamentos:
- El demandado no puede quejarse de no haber podido rendir prueba desde que 
consintió el llamamiento de autos para resolver de fs. 112, cerrándose con la 
sentencia toda discusión sobre posibles nulidades procesales anteriores.
- Conforme el art. 35 Ver Texto ley 14394, la inscripción del bien de familia 
tiene carácter constitutivo.
- Si ambos inmuebles formaban una sola unidad, el demandado debió realizar ante 
el registro los actos técnicos necesarios para su unificación.
- No se ignora lo resuelto por el más alto tribunal de la República in re 
"Rodríguez, Armando v. Carrizo" (Fallos 307-1647 Ver Texto ), pero en el caso 
resulta aplicable la jurisprudencia de la provincia, contraria a las 
pretensiones del recurrente, conforme la cual la inscripción es constitutiva.
- Así como el demandado no puede controlar al registro para comprobar si 
efectivamente inscribió o no, el acreedor no puede seguir controlando a su 
deudor después del otorgamiento del crédito, para ver en qué situación se 
encuentran sus bienes.
- La no viabilidad de la pretensión no excluye las acciones de responsabilidad 
del demandado contra el Estado y/o su notario.
II. Los agravios del demandado
1. Recurso de inconstitucionalidad
El recurrente afirma que la decisión recurrida es arbitraria. Argumenta del 
siguiente modo:
a) Violación del derecho de defensa en juicio
La Cámara de Apelaciones consolida una nulidad grave, cual es haber resuelto el 
incidente sin rendir la prueba ofrecida.
b) Interpretación contraria al mandato constitucional de protección del bien de 
familia
2. Recurso de casación
El demandado denuncia errónea interpretación de los efectos de la inscripción 
registral del bien de familia, apartándose de la clara jurisprudencia de la 
Corte Federal.
III. Síntesis esquemática de circunstancias no discutidas
Dado que el acreedor no ha discutido la prueba instrumental incorporada a fs. 
100/103 sino que, por el contrario, ha argumentado con base en ella, tengo por 
cierto que:
1. El demandado rogó en 1989 la inscripción como bien de familia de una casa, de 
su propiedad, con frente a calle Pueyrredón, en el departamento de Tunuyán, 
formada por dos fracciones; por ese mismo acto, autorizado por un escribano 
público, advirtió al registrador que "dichas fracciones por estar unidas forman 
un solo bloque, por lo que solicito se tome debida nota de la unificación de las 
mencionadas fracciones en el registro respectivo".
2. El registro no observó el título, hizo una inscripción definitiva, y lo 
devolvió con un sello que dice "registrada la presente escritura al n. 9229, fs. 
252/3, t. 48 de bien de familia, 28/7/1989".
3. Sin embargo, registralmente, actuó del siguiente modo:
a) No se pronunció sobre la unificación solicitada (art. 13 Ver Texto ley 
17801).
b) Inscribió el bien de familia en el asiento correspondiente a una sola 
fracción.
4. Diez años después, el 13/5/1999, detectada la inexactitud registral, procedió 
a inscribir el bien de familia también en la otra fracción, con posterioridad a 
la traba de un embargo.
IV. La cuestión a resolver
En definitiva, la cuestión a resolver es quién soporta, de modo inmediata, el 
error registral: el acreedor o el propietario. Digo de modo inmediato, pues como 
dice el fallo recurrido, si la repuesta fuese "el propietario", éste podría ser 
compensado a través de una acción por daños y perjuicios. Sin embargo, a nadie 
se le escapa que en los hechos, la secuencia será: perder la vivienda, demandar, 
cobrar -quizás- algún día.
V. Un precedente de la Corte Federal
1. Un precedente específico
El 10/8/1985, in re "Carrizo, José" (Fallos 307:1647 Ver Texto , LL 1986-A-545 y 
D 115-580, con nota aprobatoria de Bidart Campos, "Desde cuándo se se produce la 
afectación de un inmueble como bien de familia"), la Corte Federal dijo que la 
afectación del inmueble al régimen del bien de familia debe tenerse por operada 
desde el momento en que así fue solicitado por el interesado, aun cuando la 
Dirección General de Inmuebles de la provincia, por error, no hubiese practicado 
el asiento sobre el folio real correspondiente. En el caso, el registro había 
devuelto el título con la constancia de haber anotado el bien de familia, pero 
no lo inscribió y no supo dar noticias de la razón por la cual no constaba la 
registración.
Señala con acierto Bidart Campos que, aunque la Corte no lo mencione, la 
flexibilidad en la interpretación de una cuestión de hecho, prueba y derecho 
común tuvo fundamento en el arraigo constitucional del bien de familia (art. 14 
bis Ver Texto ). Aunque la norma va dirigida al legislador, habilitó al Poder 
Judicial para deparar protección defensiva a la vivienda interpretando la ley 
14394 Ver Texto a la luz de la Constitución.
Cierto es que desde la óptica exclusiva de la legalidad, olvidando que ella es 
infraconstitucional, pudo preferirse al embargante y conceder al titular del 
bien de familia una acción de responsabilidad contra el Estado. La Corte 
Federal, en cambio, eligió ir sobre seguro en la protección constitucional de la 
vivienda y declarar la oponibilidad de lo no inscripto, favoreciendo la 
apariencia surgida del título restituido al propietario.
El antecedente es altamente indicativo para los tribunales inferiores, sobre 
todo si se tiene en consideración que la Corte Federal abrió el recurso 
extraordinario, dándole carácter de sentencia definitiva a lo resuelto sobre la 
embargabilidad del inmueble en un incidente en un juicio ejecutivo. Es decir, 
levantó todos los valladares formales. No tengo dudas, entonces, que el supremo 
tribunal de la República entiende que la protección de la vivienda y la 
interpretación de las normas sobre bien de familia constituyen una cuestión 
federal, de alta significación en el sistema normativo.
2. El apartamiento de esta jurisprudencia por parte de la sentencia recurrida.
La sentencia recurrida se aparta de la solución sin otro fundamento que adherir 
a la jurisprudencia provincial e invocar el carácter constitutivo de la 
inscripción registral. En cuanto a la jurisprudencia, se cita una sentencia de 
una sala de apelaciones de la provincia y otro de esta Corte.
La argumentación es insuficiente para apartarse de la solución dada por la Corte 
Federal por las siguientes razones:
a) El fallo de esta sala citado está referido a la oponibilidad del boleto de 
compraventa; no aborda específicamente el bien de familia. Además, se trata de 
un plenario que fue modificado por otro posterior del 30/5/1996 (LS 265/193, 
publicado en Voces Jurídicas 1996-3-197, JA 1997-I-83 Ver Texto , con nota de 
Rouillón, El Notario 1999-13-35).
b) El precedente de la Corte Federal que he resumido es anterior a la reforma 
constitucional de 1994. La jerarquización de los tratados internacionales de 
derechos humanos ha dado mayor peso a la solución establecida (ver, entre otros, 
arts. 17 Ver Texto Convención Americana de Derechos Humanos y 11 Ver Texto ap. 1 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado 
por ley 23313 Ver Texto ), por lo que el apartamiento de la solución exige hoy 
argumentación supralegal.
3. La aplicación del precedente al caso de autos.
a) Tengo clara la gran analogía que el sub lite presenta con el precedente 
reseñado. En efecto:
- En ambos existió una inexactitud registral. El propietario peticionó, el 
registro restituyó el título haciendo constar que había hecho lugar a lo rogado, 
pero falló la tramitación interna, pues no se tomó razón de lo peticionado.
- El caso a resolver presenta menos hesitaciones, pues no puede dudarse de la 
existencia misma de la rogación ni de la época a la que se remonta (la 
inscripción en una de las fracciones data de 1989). (Aclaro que la existencia de 
un único inmueble y dos fracciones se apoya no sólo en lo manifestado en la 
escritura, sino también en el indicio que surge del informe de Catastro de fs. 
68, y en la errata realizada por el Registro Inmobiliaria en 1999).
b) La cuestión axiológica no deja de jugar su rol; téngase en cuenta que la 
apertura de la cuenta corriente bancaria es posterior a la solicitud de 
inscripción del bien de familia, por lo que ni siquiera está en juego la 
discusión de si se trata o no de un crédito anterior o posterior (para este 
debate ver, entre muchos, fallo de la Sup. Corte Bs. As. del 18/5/1999, "Banco 
Bisel S.A. v. Arthex, Juan", JA 2000-IV-71).
c) Los valores económicos tampoco resultan indiferentes: el capital adeudado al 
acreedor, aunque se remonta al año 1993, no supera los $ 5000. Por esa suma, una 
subasta podría significar la pérdida de la vivienda del deudor y su familia.
4. Aclaración final
Obviamente, lo aquí resuelto no cierra al acreedor otras puertas para solicitar 
no ya la inoponibilidad del bien de familia, sino su desafectación si se dieran 
los extremos del art. 49 Ver Texto inc. d ley 14394.
V. Conclusiones de los recursos deducidos
Por todo lo expuesto y si mi voto cuenta con la adhesión de mis colegas de sala, 
los recursos deben ser acogidos, revocarse la sentencia de grado y disponerse el 
levantamiento del embargo trabado. Así voto.
Sobre la misma cuestión, los Dres. Romano y Moyano adhieren, por sus 
fundamentos, al voto que antecede.
2ª cuestión.- La Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo:
Atento el modo cómo ha sido resuelta la cuestión anterior, corresponde hacer 
lugar a los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación 
deducidos a fs. 6/16 por la demandada incidentante contra la resolución de fs. 
147/149 del expte. 69094/24812, "Liquidación BID. v. Negri, Evaldo P. p/ej.", 
dictada por la C. 4ª Civ. Com. Minas Paz y Trib., circunscripción 1ª, la que se 
deja sin efecto. En consecuencia, se hace lugar al recurso de apelación 
articulado a fs. 118 por la demandada incidentante y se revoca la resolución 
dictada por el a quo a fs. 113/114. Consecuentemente, corresponde hacer lugar al 
"incidente de levantamiento de embargo" promovido a fs. 104/105. Así voto.
Sobre la misma cuestión, los Dres. Romano y Moyano adhieren al voto que 
antecede.
3ª cuestión.- La Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo:
Las costas de los recursos de inconstitucionalidad y casación y las de las 
instancias de grado se imponen a cargo de la actora incidentada vencida (arts. 
36 Ver Texto inc. I y 148 Ver Texto CPCC.).
La regulación de honorarios se practica en función de la resolución de fs. 128 
no impugnada por las partes. Así voto.
Sobre la misma cuestión, los Dres. Romano y Moyano adhieren al voto que 
antecede.
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la sala 1ª de la Suprema 
Corte, fallando en definitiva, resuelve:
I. Hacer lugar a los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación 
deducidos a fs. 6/16 por la demandada incidentante contra la resolución de fs. 
147/149 del expte. 69094/24812, "Liquidación BID. v. Negri, Evaldo P. p/ej.", 
dictada por la C. 4ª Civ. Com. Minas Paz y Trib., circunscripción 1ª, la que se 
revoca, quedando redactada su parte resolutiva del siguiente modo:
"1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 118 por la demanada 
incidentante, Sr. Evaldo P. Negri, contra la resolución dictada por el a quo a 
fs. 113/114 y aclaratoria de fs. 128 la que se revoca, quedando en consecuencia 
redactada la parte resolutiva del siguiente modo:
"I) Hacer lugar al `incidente de levantamiento de embargo' promovido a fs. 
104/105 por el demandado. En consecuencia, ordenar se levante el embargo trabado 
sobre el inmueble de propiedad del demandado Sr. Evaldo P. Negri inscripto bajo 
el n. 32332, folio 826, t. 36 de Tunuyán, registrado en el t. 29 de embargos, 
fs. 146, de Tunuyán, en la causa de referencia, por la suma de $ 6400 de fecha 
26/9/1997.
"II) Imponer las costas de la incidencia a cargo de la actora vencida (art. 36 
Ver Texto inc. I CPCC.).
"III) Regular los honorarios del siguiente modo: Dr. Felipe H. Martín en la suma 
de $ ...; Dr. Alejandro Abraham en la suma de $...; Dr. Walter R. Aporta en la 
suma de $ ... (arts. 3 Ver Texto y 31 Ver Texto ley 3641 -modif. decreto ley 
1304/1975 Ver Texto -).
"IV) Oficiar al Registro de Propiedad para la toma de razón del levantamiento de 
embargo.
"2) Imponer las costas de alzada a cargo de la actora incidentada vencida.
"3) Regular los honorarios de alzada del siguiente modo: Dr. Jorge J. Escobar en 
la suma de $ 58; Dr. Felipe H. Martín en la suma de $ ...; Dr. Leandro A. 
Cantale en la suma de $ ...; Dr. Walter R. Aporta en la suma de $ ... (arts. 3 
Ver Texto , 15 Ver Texto y 31 Ver Texto ley 3641 -modif. decreto ley 1304/1975 
Ver Texto -)".
II. Imponer las costas de los recursos de inconstitucionalidad y casación a 
cargo de la parte recurrida vencida.
III. Regular los honorarios por el recurso de inconstitucionalidad del siguiente 
modo: Dr. Jorge J. Escobar en la suma de $ ...; Dr. Felipe H. Martín en la suma 
de $ ...; Dr. Luis H. Cuervo en la suma de $ ...; Dr. Walter R. Aporta en la 
suma de $ ... (art. 3 Ver Texto , 15 Ver Texto , 31 Ver Texto ley 3641 -modif. 
decreto ley 1304/1975 Ver Texto -).
IV. Regular los honorarios por el recurso de casación del siguiente modo: Dr. 
Jorge J. Escobar en la suma de $ ...; Dr. Felipe H. Martín en la suma de $ ...; 
Dr. Luis H. Cuervo en la suma de $ ...; Dr. Walter R. Aporta en la suma de $ ... 
(arts. 3 Ver Texto , 15 Ver Texto , 31 Ver Texto ley 3641 -modif. decreto ley 
1304/1975 Ver Texto -).
V. Líbrese cheque a la orden del recurrente por la suma de $ 75, con imputación 
a la boleta de depósito obrante a fs. 1. Notifíquese.- Aída Kemelmajer de 
Carlucci.- Fernando Romano.- Carlos E. Moyano.